Posted by : Roger Medina Juidías dimecres, 6 de maig de 2015



Los discursos liberales son bien conocidos por su afán de liberalización económica en aras de una mayor libertad y una mayor eficiencia. La globalización económica, esto es, el libre flujo de capitales, mercancías e información está siempre presente en el discurso ideológico, y muchas veces se obvia que también entra en ésta liberalización la libertad de circulación de personas, esto es, la libertad migratoria.

La libertad de movimientos es  una libertad básica que los gobiernos deberían respetar y proteger. Las restricciones fronterizas son moralmente inadmisibles y económicamente destructivas. La mayoría de individuos a los que se les impide mover libremente a través de las fronteras nacionales huye de la persecución o de la pobreza, desea un mejor trabajo y poder mejorar sus planes de vida. La restricción migratoria prohíbe a esos individuos llevar a cabo todas las acciones mencionadas anteriormente, y no por falta de mérito o porque representen un peligro para los demás. Esto es un escollo para el potencial económico y la innovación de las sociedades humanas de todo el mundo, y es indefendible en cualquier orden que reconozca el valor moral y la dignidad de todo ser humano.

El filósofo Michael Huemer argumenta con un ejemplo la inmoralidad de la restricción migratoria. En su ensayo, Huemer nos pone en una situación impactante.

Marvin necesita desesperadamente comida. Alguien le ha robado la comida o quizá un desastre natural ha destruido su cosecha. Sin importar la razón, Marvin está en riesgo de morir de hambre. Afortunadamente, Marvin tiene un plan para remediar su problema: irá hasta el mercado, donde comprará pan. Huemer asume que en la ausencia de interferencias externas, el plan será satisfactorio: el mercado está abierto, y hay otros individuos que están dispuestos a venderle comida a Marvin, intercambiándola por algo que Marvin posee. Un tercer individuo, Sam, se da cuenta de las intenciones de Marvin. De repente, Sam decide detener a Marvin para restringir que logre su objetivo, impidiéndole mediante la fuerza y la coacción que logre llevar a cabo el intercambio. En consecuencia, Marvin regresa a su casa con las manos vacías y muere de hambre. En ésta situación —argumenta Huemer—Sam ha hecho algo moralmente comparable a matar a Marvin; ha sido una violación severa de sus derechos. Su sangre está en sus manos.

La moralidad del argumento anterior también se hace extensiva en otra situación menos extrema y de consecuencias menos severas. Ahora supongamos—sigue Huemer—que en lugar de morir después de volver a casa, Marvin posee una malnutrición severa. Además, su situación podría haberse evitado si hubiera sido capaz de comerciar en el mercado, pero Sam se lo impidió mediante la coacción. En este caso, de nuevo, Sam ha violado los derechos de Marvin y se puede afirmar que Sam es culpable de la malnutrición de Marvin.

En otro escenario, Marvin es muy pobre, y puede modificar su situación comerciando en el mercado y aumentando su renta, y además enviará grandes cantidades de dinero a su lugar de origen para ayudar a su familia. De nuevo, Sam restringe su acceso al mercado mediante la coacción. En éste caso, Sam ha forzado a Marvin a seguir siendo pobre. Al comienzo, Sam no era el culpable de que Marvin fuera pobre, pero ahora sí es culpable que Sam lo siga siendo, pues ha interferido en la acción que hubiera modificado su situación.

Ésta última situación es la que se da constantemente en las sociedades. Por tanto, las políticas de restricción migratoria son, a todos los efectos, directamente culpables de las situaciones de pobreza (en Europa, además, tenemos la Política Agrícola Común que lleva a cabo la Unión Europea, y mediante la cual se dificulta enormemente a los países pobres poder competir, debido a las reducciones artificiales de los precios europeos derivadas de dicha política).

Hay dos argumentos desde un punto de vista moral comúnmente usados contra quienes propugnamos una apertura de fronteras y una liberalización de los flujos migratorios (muy utilizados por los sectores conservadores de la sociedad). El primero de todos es que la inmigración pondría en peligro la cultura nacional, y el segundo es que quienes defendemos la libertad migratoria tenemos la obligación moral de compartir nuestro domicilio o nuestro empleo con los inmigrantes.

El primer argumento, aunque fuera cierto, no sería motivo suficiente para justificar que se condenase a la pobreza a miles de millones de personas. Tal vez haya algo de valor en mantener una cultura y una identidad, pero no son lo suficientemente valiosas como para justificar y forzar a millones de Marvins a la pobreza. Si se usa éste argumento para justificar las restricciones migratorias y por ende condenando a la pobreza y la muerte a millones de Marvins, se está quebrantando la igualdad moral. La igualdad moral de las personas simplemente establece que, prima facie, no podemos considerar que los fines existenciales de ninguna persona posean prevalencia moral sobre los fines de ninguna otra persona. Y más aún cuando la cultura nacional, los valores y las costumbres, al igual que la religión, deberían ser cosas independientes del Estado, pues éste podría arbitrariamente privilegiar a unos y promocionarles mediante los impuestos de los otros (cosa que es fruto de la simbiosis entre Estado y Nación, surgiendo el concepto de Estado-Nación).

El segundo argumento, además de ser absurdo y ridículo, tiene una sencilla contra-argumentación. Aquél que lo usa contra quienes defendemos la libertad migratoria, ¿tiene la obligación moral de acoger en su casa a los españoles que no tengan techo o compartir su trabajo contra los que estén desempleados? Juan Ramón Rallo concluía en un debate sobre la igualdad moral que  lo que la igualdad moral entre las personas requiere es no tratar distinto a quienes son iguales (los seres humanos). Nada más. Si no existe una obligación positiva a compartir nuestro domicilio con españoles, tampoco la habrá con los no españoles.

Pero además, la inmigración no solo es moralmente aceptable, sino que también mejora el bienestar y la prosperidad de las sociedades.

La revista Fortune publica cada año el ranking Fortune 500, un listado de las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto a cualquier inversor según su volumen de ventas. De éste ranking hay algunos datos interesantes:

—Más del 40% de las empresas del listado de Fortune 500 del 2010 fueron fundadas por inmigrantes o por hijos de inmigrantes. 

—Las empresas de Fortune 500 fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes emplean a más de 10 millones de personas en todo el mundo

—Los ingresos generados por las empresas de Fortune 500 fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes son mayores que el PIB de todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos, China y Japón. Es decir, serían la cuarta economía más grande del planeta. Si solo cogemos las empresas fundadas directamente por inmigrantes (excluyendo hijos de inmigrantes), seguirían teniendo un PIB mayor que España, Canadá, Corea del Sur o Argentina.

—7 de las 10 marcas más valiosas del mundo provienen de empresas estadounidenses fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes (Apple, Google, AT&T, Budweiser, Colgate, eBay, General Electric, IBM, and McDonald’s, por nombrar a unas pocas)

Los datos anteriores arrojan un enorme balance a favor de la libertad migratoria. Pero no parecen suficientes, pues hay un argumento que ha calado y seguirá calando muy fuerte en las sociedades, y es de un uso muy recurrente: los inmigrantes hacen que disminuyan los salarios, al tener una remuneración salarial menor. Aunque resulte sorprendente, la evidencia empírica disponible demuestra justo lo contrario: los inmigrantes tienen un efecto nulo o incluso positivo sobre los salarios nacionales.


De entrada, se comete un error teórico suponiendo que los inmigrantes son trabajadores sustitutivos de los nacionales, cuando los primeros suelen ser empleados de baja cualificación y los nacionales no (como dato, el 88,5% de los trabajadores españoles tiene un título de educación secundaria o superior del que carecen la gran mayoría de inmigrantes). Lo que esto significa es que para la mayoría de los casos, los trabajadores inmigrantes son complementarios y no sustitutivos de los nacionales.

Por un lado, los inmigrantes facilitan la creación de nuevos empleos (por ejemplo, abaratan el servicio doméstico y han permitido incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral) y por otro, un aumento de los trabajadores foráneos a causa de la inmigración supone incrementar la demanda interna por el resto de bienes que producían los nacionales, lo que aumenta su remuneración; el gasto adicional de los nuevos inmigrantes permite sostener nuevos empleos (no es, como se argumenta muchas veces, un juego de suma cero en el que los puestos de trabajo están dados). Además, el aumento de inmigrantes haría crecer los precios de la vivienda (aumentaría la demanda) y revalorizaría el patrimonio que pudieran tener los trabajadores.

Por otro lado, no deja de ser curioso que haya quienes son partidarios del madoffiano sistema de pensiones de reparto, basado en la cantidad de trabajadores para poder abonar las pensiones y prestaciones , y contrarios a la libertad migratoria. Con las condiciones actuales, y si la tendencia sigue y se acelera, podría llegarse a una proporción de 1 trabajador: 1 pensionista. Dado que las pensiones crecen con dos factores, la productividad y el número de empleados, y España ha tenido y tiene una productividad muy baja, será necesaria la presencia de inmigrantes para intentar revertir la pirámide poblacional y poder hacer sostenible un sistema condenado a la quiebra.

En suma, la libertad migratoria debe ser la norma, no la excepción. Solo bajo algunos supuestos y situaciones muy concretas podría argumentarse en pro de la restricción. 

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